El aumento de la prestación de servicios on-line fundamentados en la
localización geográfica ha propiciado el desarrollo de técnicas que permiten la
localización geográfica de los usuarios y operadores en la red y está
provocando un importante cambio en la percepción del funcionamiento de la red
por parte de sus usuarios.
Así el internet que conocíamos hasta ahora (un espacio sin fronteras) se
transforma en algo más parecido al mundo “real”. Este hecho contribuye a que
vuelva a recobrar su sentido la aplicación en internet de las normas de Derecho
Internacional Privado basadas en criterios de localización territorial para
determinar el ordenamiento y la jurisdicción aplicables.
Últimamente ha crecido el interés por establecer límites o particiones
de carácter territorial en internet. Este interés es compartido por los estados
(con la intención de consolidar el ámbito de aplicación de sus ordenamientos o
proteger a sus ciudadanos de la exposición a determinados contenidos) y por el
resto de operadores y usuarios. Así, a las empresas y prestadores de servicios
les interesa asegurarse el cumplimiento de los requisitos para operar
establecidos por las jurisdicciones en las que actúan o hacia las que pretenden
dirigir su actividad y además aprovechar las ventajas que pudieran obtener de
la compartimentación del mercado en el que se encuentren mejor posicionados, al
tiempo que minimizan los riesgos derivados de su exposición a múltiples
ordenamientos. Por otra parte, el interés de los propios usuarios y consumidores
radica en poder actuar en un entorno jurídico que responda a los estándares a
los que están acostumbrados, siendo plenamente conscientes de en qué momento
abandonan dicho entorno para pasar a estar sometidos a una jurisdicción
diferente.
Esta “compartimentación” del ciberespacio se realiza mediante
herramientas de geolocalización que permiten, de un lado, establecer dónde se
encuentra situado el usuario u operador y, por otro, controlar el contenido que
se pone a disposición de los usuarios (o al que se les deniega el acceso) sobre
la base del lugar donde se encuentren.
En un principio el uso de las técnicas y herramientas de geolocalización
perseguía propósitos comerciales o de marketing ya que permitía a los
operadores obtener una valiosa información acerca del mercado al que dirigían
sus productos y servicios y también realizar segmentaciones para mejorar sus
resultados. Posteriormente se confirmó su utilidad en materia de prevención de
fraudes y finalmente se considera un medio adecuado para asegurar el
cumplimiento de ciertos requisitos legales en relación a la actividad
desarrollada por medio de internet.
El hecho cierto es que en la actualidad la tecnología de geolocalización
está suficientemente desarrollada y alcanza un aceptable grado de fiabilidad lo
que hace que pueda ser tenida en cuenta seriamente en el proceso de desarrollo
de la regulación legal de Internet.
Como métodos para llevar a cabo esta compartimentación del ciberespacio
destacan:
§
La utilización de
filtros de contenidos o en la actuación de los prestadores de servicios de la
sociedad de la información. Son métodos controvertidos ya que pueden suponer
una limitación a las libertades de expresión y de información que es
inadmisible en los ordenamientos democráticos.
§
Las herramientas y
técnicas de geolocalización usadas por los prestadores de servicios a fin de
establecer el control del acceso, tanto en función de eventuales objetivos
comerciales, como en cumplimiento requerimientos del ordenamiento jurídico al
que se encuentren sometidos.
Pese a las críticas que pueden recibir, es incuestionable que el
desarrollo y el uso de estas herramientas es cada vez mayor, lo que está
provocando una transformación en la concepción de internet como un espacio sin
fronteras y, en definitiva, en la posibilidad de controlar y/o prever el
alcance y efectividad de la distribución de los contenidos y la información en
la red.
Como reticencias a la postura de dotar de un mayor valor jurídico a las
tecnologías de geolocalización destacan la tradicional consideración por los
tribunales de la naturaleza de internet como un espacio independiente y sin
fronteras por lo que a los proveedores de contenidos no les era posible limitar
su distribución, ni podían prever o controlar el acceso a la información desde
cualquier ubicación.
Pese a las objeciones apuntadas, empieza a destacarse el incuestionable
efecto positivo de las técnicas de geolocalización para facilitar la aplicación
normativa en Internet porque aportan un estimable nivel de certeza y seguridad
jurídica que ayudan a la hora de determinar la ley y jurisdicción aplicables y
por ello están empezando a ser tomadas seriamente en consideración a este
respecto tanto a nivel doctrinal, por los órganos jurisdiccionales y deben
serlo por los propios abogados.
Mª
Isabel Carmona González
Abogado
Miembro de ENATIC
